El delito de injurias y los privilegios penales de la Familia Real


En un artículo publicado el pasado mes de agosto en el diario El Mundo con el título de “Los privilegios penales de la Familia Real”, el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Complutense, Enrique Gimbernat, se refiere a los privilegios penales de la Familia Real y los califica como “intolerables y antidemocráticos”.

En dicho artículo, el profesor Gimbernat afirma que si la Casa Real verdaderamente no ha tenido nada que ver con la intervención de la Fiscalía en el caso de la polémica portada de la revista humorística El Jueves y lamenta lo sucedido porque ha multiplicado la difusión de la famosa viñeta del Príncipe Felipe y la Princesa Leticia, "evitar que en el futuro se produzcan estas discrepancias entre los presuntos deseos de la Familia Real y los criterios del Ministerio Fiscal tiene una fácil solución, a saber: la de tratar al Rey y a sus familiares como a simples mortales, ya que para estos últimos la injuria constituye un delito privado en el que no interviene para nada la acusación pública y que sólo puede ser perseguido a instancias del ciudadano que se siente lesionado en su honor”.

El Código Penal de 1995, en lugar de restringir los supuestos de desigualdad, los extendió y, ahora, en España, se ampara no solo al Rey sino a toda su familia, algo a "lo que no se se habían atrevido ni los Códigos Penales de la monarquía autoritaria del siglo XIX, ni siquiera el de 1928, de la Dictadura de Primo de Rivera”.

Mientras que para los demás mortales se distingue entre falta y delito de injurias, cualquier injuria a cualquier miembro de la Familia Real se consdera delito. Además, esos delitos de injurias al Rey y a su familia no son competencia de los juzgados ordinarios sino de la Audiencia Nacional.

Sin embargo, en opinión del profesor Gimbernat, los privilegios que suponen dichas diferencias legales no son nada comparados con el que se establece en el artículo 56.3 de la Constitución Española, en el que se declara que la persona del Rey “no está sujeta a responsabilidad”, por lo que “el Rey puede matar, violar o robar sin que por estos hechos sea posible abrir diligencias penales contra él”, lo cual no solo vulnera el principio de igualdad ante la Ley sino también el de la tutela judicial efectiva (establecido en el artículo 24 de la Constitución Española) pues los perjudicados por los eventuales asesinatos, violaciones o robos reales no podrían exigir ante los tribunales que estas conductas punibles sean compensadas con la imposición de una pena al autor, ni tan siquiera obtener un resarcimiento económico por los daños sufridos con la prestación económica que lleva consigo la responsabilidad civil derivada de delito.

La inviolabilidad del Jefe del Estado Español apenas tiene paralelo en el Derecho comparado actual. En el art. 27.1 del Estatuto de la Corte Penal Internacional se dispone que será aplicable por igual a todos sin distinción alguna basada en el cargo oficial. En particular, el cargo oficial de una persona, sea Jefe de Estado o de Gobierno, miembro de un Gobierno o de un Parlamento, representante elegido o funcionario de gobierno, en ningún caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per se motivo para reducir la pena. Eso pone de manifiesto que en los más de 150 países que hasta ahora han ratificado el Estatuto es desconocido un precepto legal que consagre la impunidad de Jefes de Estado, sean éstos emperadores, reyes o presidentes de República

Según el catedrático Gimbernat, todos esos privilegios penales “intolerables y antidemocráticos” de la Familia Real “deben desaparecer de raíz y para siempre.

Fuente: http://www.porticolegal.com/blog/2007/09/02/el-delito-de-injurias-y-los-privilegios-penales-de-la-familia-real/

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